En un país con más de tres millones de viviendas vacías y ciento de miles de personas sin hogar, debatir sobre si la okupación es legítima o no puede parecer un mero juego retórico. No obstante, considero pertinente debatir el qué y el por qué de la okupación dada la importancia que ha tenido y tendrá este movimiento social en la movilización ciudadana de este estado. Debido, precisamente, a la fuerza movilizadora de la okupación, los medios de control de la opinión se esfuerzan en presentarla como una movilización antisocial, violenta y deslegitimada; razón de más para que nos esforcemos en explicar los motivos y fundamentos de tal tipo de acción.
Okupar tiene muchas dimensiones, su análisis discursivo o su estudio academicista es secundario y posterior a la propia acción. Okupar es muchas cosas pero ante todo es un nuevo modo de convivir y construir vecindad a través de redes de solidaridad. Por lo general el ciudadano que se ve impelido a okupar una vivienda para sobrevivir, lo hace desde una situación de riesgo de exclusión social; para atenuar esa situación o evitar el desalojo es habitual que los okupas de una vivienda cimienten lazos de apoyo mutuo con el vecindario u otras casas okupadas. Esta perspectiva social de la lucha okupa no suele verse reflejada en los medios de masa que tienden a desfigurar o silenciar la realidad del movimiento.
Muchas ciudadanas han sido inducidas a pensar que un okupa es alguien que da una patada en la puerta de cualquier vivienda y entra en ella; de tal modo se llega a entender que quienes reivindicamos el derecho a la okupación reivindicamos algo así como que cualquier vivienda puede ser forzada y expropiada al habitante habitual de ella. Nada más lejos de la realidad, lo que se reclama con una okupación no es el derecho de usurpar una vivienda en uso, sino todo lo contrario: la legitimidad de dar uso a una vivienda vacía cuando a un ciudadano se le hurta el derecho a tener un hogar. Negarle este derecho a alguien sería como negar el derecho de un hambriento a tomar comida abandonada; no obstante, algunos jueces, secundados por las fuerzas represivas del estado, siguen cuestionando el derecho de una familia o individuo a no vivir a la intemperie cuando existen bloques enteros en desuso.
El derecho a la okupación, como cualquier otro derecho, tiene sus límites racionales y su propia casuística. Por ello es hasta cierto punto lógico que alguien sienta reparos en okupar una vivienda particular o de propietario desconocido; sin embargo, gracias a la generosidad de los bancos rescatados, el ciudadano encuentra hoy, en cualquier ciudad o pueblo, abundantes edificios, locales y casas que llevan años en desuso y que, formalmente, pertenecen a una banca rescatada con el esfuerzo de todos. Pero, realmente, ¿a quién pertenecen esos pisos? Hasta que la sociedad no encuentre el modo de solucionar la contradicción que se produce cuando existen personas sin casa y casas sin personas ¿qué deben hacer los desahuciados o los jóvenes sin hogar, irse a vivir debajo de un puente o montar una chabola?
La interpretación al uso es que la okupación ataca el sacrosanto derecho a la propiedad. Como expliqué, es más que dudoso que las viviendas de los bancos rescatados no pertenezcan al conjunto de la sociedad, pero, incluso desde una perspectiva meramente legal, en la mayoría de los casos los okupas lo que exigen es su derecho al usufructo de la vivienda por un alquiler social justo. Si una vivienda está desocupada y en desuso y, además, los okupantes están dispuestos a negociar un alquiler por el inmueble, sin entrar en controversia la propiedad formal de la construcción, ¿cómo se permite que prevalezca el derecho a la propiedad, que no es cuestionado, frente al derecho del ciudadano a vivir? Nadie okupa para tener una segunda vivienda cerca de la playa o porque está aburrido, tal decisión es el último recurso al que muchas ciudadanas se aferran para no caer en la marginalidad. Aún así, a día de hoy numerosos jueces olvidan los acuerdos internacionales o la misma constitución española que garantizan el derecho a una vivienda digna y condenan a otras personas a la indigencia y la exclusión; prefiriendo ser siervos del estado antes que servidores de los ciudadanos que con sus impuestos les pagan el sueldo.